¿LA CULTURA ES PARA TODOS O TODOS PODEMOS HACER CULTURA? DEMOCRACIA CULTURAL: UNA PREGUNTA NECESARIA PARA REPENSAR LAS POLÍTICAS CULTURALES


De llevar la cultura a la gente a reconocer que la cultura ya existe

Durante buena parte del siglo XX, las políticas culturales de numerosos países se orientaron a ampliar el acceso de la población a las artes y al patrimonio. La construcción de museos, teatros, bibliotecas y centros culturales, así como la organización de conciertos, exposiciones y programas educativos, respondieron a una preocupación legítima: hacer que bienes y manifestaciones culturales, antes reservados a determinados sectores sociales, estuvieran al alcance de más personas.

Esta orientación suele identificarse con el concepto de democratización cultural. Su propósito consiste en ampliar el acceso a las expresiones artísticas y culturales que las instituciones consideran valiosas. El problema aparece cuando esa tarea parte de una idea limitada: que la cultura se produce en determinados espacios, por ciertos creadores e instituciones, y que el resto de la sociedad debe tener la oportunidad de acercarse a ella.

En ese esquema, la población ocupa principalmente el lugar de receptora. La democracia cultural plantea otra perspectiva. No parte de la ausencia de cultura en determinados grupos sociales, sino del reconocimiento de que las personas y las comunidades producen conocimientos, prácticas, expresiones y formas de organización que también constituyen vida cultural.

Por tanto, no basta con ampliar el acceso a la oferta institucional. Es necesario reconocer la diversidad de las expresiones culturales y crear condiciones para que las personas participen en su producción, desarrollo, reconocimiento y gestión. Esto no significa que la democratización cultural carezca de valor ni que ambos enfoques deban considerarse incompatibles. Ampliar el acceso sigue siendo una tarea indispensable. La cuestión es que el acceso, por sí solo, no garantiza la participación en las decisiones ni transforma las relaciones de poder que determinan qué cultura recibe reconocimiento y recursos.


¿Quién tiene derecho a decidir sobre la cultura?

La democracia cultural no se limita a preguntar cuántas personas visitan un museo, asisten a un concierto o participan en un taller. También pregunta qué posibilidades tienen esas personas para intervenir en la vida cultural de sus comunidades. Si las decisiones sobre los recursos, los programas, los espacios y las prioridades culturales permanecen exclusivamente en manos de las instituciones, la participación puede reducirse a elegir entre actividades que otros diseñaron.

Una política cultural democrática requiere algo más: mecanismos para que distintos sectores sociales puedan expresar sus necesidades, formular propuestas, participar en las decisiones y tener incidencia en la orientación de los procesos culturales.

La recomendación de la UNESCO de Nairobi, de 1976, ya reconocía esta cuestión. En ella, la participación en la vida cultural no se entiende únicamente como acceso a bienes y servicios, sino también como intervención de los distintos agentes sociales en las decisiones, la ejecución y la evaluación de las políticas culturales. Ese planteamiento conserva su importancia. La democracia cultural no consiste en sustituir una oferta institucional por otra comunitaria, sino en revisar cómo se distribuyen las capacidades para decidir, crear, producir y gestionar la cultura.


La cultura también produce conocimiento

Hay otro aspecto que merece especial atención: las prácticas culturales no solo producen objetos, obras o acontecimientos. También producen conocimiento. Una comunidad que conserva una tradición culinaria, transforma sus técnicas artesanales, organiza una celebración o transmite conocimientos sobre su territorio desarrolla formas de comprender y relacionarse con el mundo. Esos saberes no siempre se expresan mediante los lenguajes de la academia o de las instituciones culturales, pero tienen sus propios procedimientos, criterios y formas de transmisión.

Reconocer la democracia cultural implica, por tanto, reconocer que el conocimiento no se produce exclusivamente en universidades, centros de investigación o instituciones especializadas. Las experiencias de las personas también generan conocimientos. Las prácticas colectivas permiten construir interpretaciones sobre la realidad, identificar problemas, transmitir saberes y desarrollar respuestas ante las transformaciones sociales.

Esta perspectiva modifica la relación entre las instituciones culturales y las comunidades. En lugar de considerar que unas poseen el conocimiento que deben transmitir a las otras, abre la posibilidad de establecer relaciones de intercambio, colaboración y producción compartida.

Los trabajos de Jon Gross y Nick Wilson (2020), por ejemplo, proponen comprender la democracia cultural desde una perspectiva ecológica y de capacidades. Su planteamiento permite observar la cultura como un conjunto de relaciones, condiciones y posibilidades que hacen viable la participación de las personas en la vida cultural.

La pregunta deja de ser solamente qué actividades ofrece una institución y se convierte en otra mucho más amplia: ¿qué condiciones existen para que las personas desarrollen sus capacidades culturales y participen en la construcción de su entorno?

Tres experiencias que permiten mirar el problema de otra manera

La democracia cultural no es únicamente una discusión teórica. Existen políticas y programas que han intentado traducir sus principios en mecanismos institucionales. Sus resultados no son homogéneos ni están libres de contradicciones, pero ofrecen experiencias valiosas para analizar qué significa compartir decisiones y reconocer el protagonismo social.

  • Brasil: la cultura como derecho y participación social

En Brasil, la Política Nacional de Cultura Viva, establecida mediante la Ley 13.018 de 2014, representa una experiencia relevante. Uno de sus propósitos consiste en reconocer y fortalecer iniciativas culturales que surgen de las propias comunidades. A través de los llamados Pontos de Cultura, la política busca apoyar procesos culturales existentes y favorecer su articulación.

La ley incorpora entre sus objetivos el protagonismo social en la elaboración y gestión de las políticas públicas de cultura. Esta formulación es importante porque reconoce a las organizaciones y comunidades no solo como destinatarias de los recursos públicos, sino como agentes con capacidad de intervención en los procesos culturales. El modelo propone una relación distinta entre el Estado y la sociedad: las instituciones públicas no son las únicas responsables de definir qué debe suceder en materia cultural.

  • Reino Unido: decidir qué cultura necesita un territorio

En Inglaterra, el programa Creative People and Places, impulsado por Arts Council England desde 2012, propuso una estrategia territorial para ampliar la participación cultural. Su punto de partida fue reconocer que existen comunidades con bajos niveles de participación en la oferta cultural institucional y que esa situación no se resuelve simplemente con más actividades.

El programa otorgó importancia a la intervención de los habitantes en la definición de las experiencias culturales que desean tener en sus territorios. Para ello, promovió consorcios entre organizaciones culturales y organizaciones comunitarias. La experiencia resulta interesante porque desplaza la pregunta habitual. En lugar de preguntar cómo atraer a las personas hacia una oferta ya establecida, propone preguntar qué experiencias culturales desean construir los propios habitantes.

Sin embargo, la investigación de Leila Jancovich (2019) advierte que los modelos de gobernanza del programa presentan diferencias entre territorios y señala la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas y la gobernanza participativa local. Este señalamiento recuerda que abrir espacios de participación no garantiza, por sí mismo, que las decisiones se compartan de manera efectiva.

  • Australia: crear con las comunidades

En Australia, las políticas de Community Arts and Cultural Development reconocen proyectos que surgen de la colaboración entre artistas profesionales y comunidades. La participación comunitaria no se limita a asistir a una actividad o aportar testimonios. También puede incluir la definición de los propósitos, el diseño y la evaluación de los proyectos.

Esta perspectiva reconoce que las comunidades poseen experiencias, conocimientos y capacidades que pueden formar parte de la creación artística. Además, plantea una preocupación importante: los proyectos deben contribuir al desarrollo de capacidades que permitan dar continuidad a los procesos culturales, más allá de una intervención temporal.

Las tres experiencias muestran distintas formas de aproximarse a la democracia cultural. Ninguna constituye un modelo definitivo, pero todas permiten identificar una cuestión común: la participación adquiere mayor profundidad cuando las personas tienen capacidad real para intervenir en las decisiones y en el desarrollo de los procesos culturales.


El desafío: pasar de la participación simbólica a la participación efectiva

Hablar de democracia cultural resulta atractivo. Sin embargo, llevarla a la práctica plantea dificultades que no pueden ignorarse. Una institución puede organizar consultas, reuniones comunitarias y talleres participativos, pero eso no significa necesariamente que haya compartido el poder de decisión.

También puede invitar a las comunidades a colaborar en sus programas sin modificar los criterios con los que distribuye sus recursos o reconoce determinadas expresiones culturales. Por eso, una de las discusiones centrales consiste en distinguir entre participación simbólica y participación efectiva.

La primera permite que las personas estén presentes, opinen o colaboren, pero no garantiza que sus aportaciones tengan consecuencias. La segunda requiere mecanismos que otorguen capacidad de incidencia y permitan compartir responsabilidades, recursos y decisiones.

Otro desafío consiste en evitar que la democracia cultural se convierta en una justificación para que el Estado abandone sus responsabilidades. Reconocer la autonomía de las comunidades no significa retirar el financiamiento público ni trasladarles obligaciones que corresponden a las instituciones. La intervención pública sigue siendo necesaria para garantizar derechos, corregir desigualdades y crear condiciones para que la diversidad cultural pueda desarrollarse.

También es necesario revisar cómo se evalúan las políticas culturales. Si el éxito de un programa se mide exclusivamente por el número de asistentes, las actividades realizadas o los bienes producidos, difícilmente podremos saber si fortaleció las capacidades de las personas, amplió su participación en las decisiones o transformó las relaciones entre instituciones y comunidades. La evaluación debe considerar no solo cuántas personas participan, sino en qué condiciones lo hacen, qué capacidad de decisión adquieren y qué transformaciones se producen en sus prácticas y relaciones culturales.


¿Qué cambiaría si tomáramos en serio la democracia cultural?

La democracia cultural invita a revisar algunas ideas que durante mucho tiempo orientaron las políticas culturales. Nos obliga a preguntarnos si las instituciones deben limitarse a ofrecer servicios o si también pueden construir espacios para el intercambio y la producción compartida de conocimientos. Nos lleva a revisar quién establece los criterios de legitimidad cultural y por qué determinadas prácticas reciben reconocimiento mientras otras permanecen fuera de los circuitos institucionales. También nos invita a reconocer que las personas no son únicamente públicos, visitantes, usuarios o beneficiarios. Son sujetos con capacidades para crear, interpretar, transmitir conocimientos, organizarse y participar en la definición de su vida cultural.

Esto no significa que las instituciones deban desaparecer ni que todas las expresiones culturales tengan que recibir el mismo tratamiento. Significa que sus responsabilidades deben considerar la diversidad de actores, conocimientos y prácticas que integran la vida cultural. Quizá la pregunta más importante no sea si la cultura está al alcance de todos, sino si todos cuentan con condiciones para participar en su construcción.

La diferencia parece sutil, pero modifica profundamente el sentido de las políticas culturales. Porque una cultura verdaderamente democrática no se limita a abrir las puertas de sus instituciones: también permite que las personas participen en la definición de lo que sucede detrás de ellas, y reconoce que buena parte de la vida cultural se produce fuera de esos espacios.

La democracia cultural comienza cuando dejamos de pensar a las personas únicamente como destinatarias de la cultura y las reconocemos como protagonistas de su producción, su conocimiento y su transformación.

Para profundizar

Este artículo parte de una reflexión más amplia sobre la relación entre la democracia cultural y la gestión cultural. El ensayo académico completo está disponible en https://doi.org/10.5281/zenodo.24119864

Karina Jazmín Juárez Ramírez

Gestora cultural | Historiadora, investigadora |

https://karinajuarezramirez.com
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